Partamos del supuesto que la educación es una condición indispensable para reducir la inequidad y para aumentar la calidad de vida, así como de un interés estatal real de apoyar con determinados instrumentos de política para ampliar las posibilidades que tendría todo colombiano de tener acceso a la educación, no solo a la básica sino a aquella que lo forme para el trabajo.
En Colombia existen varias opciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano: la educación superior con programas técnicos profesionales y tecnológicos, la educación media técnica, las cajas de compensación familiar que prestan servicios de formación para el trabajo, las instituciones de ETDH, las empresas que desarrollen procesos de formación organizados y sistemáticos para sus trabajadores actuales o potenciales (ICONTEC, 2007) y el Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA].
Las condiciones de política educativa han abierto los anteriores escenarios para que exista un acercamiento entre el sector productivo y la academia con el fin de preparar, cada vez a más temprana edad, a la persona para que identifique un oficio de su interés, adquiera conocimientos y desarrolle habilidades que le permitan vincularse productivamente a la sociedad y obtener un sustento digno que le permita abrirse espacios para el desarrollo de dimensiones como la familiar, social e intelectual.
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